La crisis política y social de nuestro país evidencia niveles múltiples de violencia (discursivos, simbólicos, físicos) que desarticulan el tejido social, en medio de los legítimos reclamos y los hechos de violencia que los nublan. Frente a esta situación, se requiere evidenciar la promoción de la ética del cuidado, como una alternativa de formación y experiencia que frene la cultura de la violencia en la que nos vemos envueltos.  Promover la formación en la aceptación de la diferencia, el diálogo desde el conflicto, la interdependencia y concebirnos a todos como vulnerables son los escenarios para reflexionar.

En primer lugar, la participación ciudadana ha sido protagonista de profundas transformaciones en función del bienestar social a lo largo del tiempo. Sin embargo, dentro de estos procesos en las calles no solo confluyen los legítimos reclamos que el Estado debe escuchar; también, aterrizan en paracaídas las problemáticas que históricamente Colombia enfrenta: pobreza, criminalidad, desigualdad, exclusión y, en especial, una cultura de violencia que ha significado que se normalice la resolución de los conflictos desde la aniquilación del otro (simbólica y material).

Por su parte, la educación está orientada a mantener la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona, ubicándola en una estrecha relación con la naturaleza, con su entorno y, en especial, con los demás. Cuando se experimentan situaciones de trauma social, se requiere recordar la necesidad de ubicar la ética del cuidado como paradigma, estrategia y acción dentro de los entornos académicos, institucionales y públicos para garantizar que el tan anhelado diálogo pueda ser materializado en todas las instancias, desde el profesor y los estudiantes, hasta el ciudadano y el policía. Este enfoque es capaz de orientar un cambio de modelo en la interacción de los individuos en todos los niveles, pues “pone en el centro la vida humana entendiéndola como vulnerable e interdependiente, y que se apropia de la posibilidad de transformación del presente, del tiempo vivible y de sus condiciones compartidas, recíprocas e igualitarias” (Garcés, 2017, p. 74).​  

Desde este contexto, ¿qué relación existe con la coyuntura actual de Colombia? La respuesta es que puede aportar en muchos sentidos, reforzando el cómo formamos y el para qué, siendo la no violencia el factor fundamental que debe desarrollarse en todos los escenarios de la interacción cotidiana. Esta perspectiva invita a reconocer al otro como una persona diferente, que piensa distinto por su propia trayectoria en ciertos contextos educativos, y en escenarios intencionales de escucha y diálogo. Es decir, debe valorizarse la interacción desde una perspectiva relacional que promueva una capacidad de reparar la sociedad y el “pensar y sentir juntos” para convivir de una mejor manera.

Así mismo, este parte de la promoción de lógicas de cuidado, dentro y fuera de la institución educativa, desde varios frentes: cuidado de sí mismo, del otro y del entorno, desde un análisis de manejo emocional, empático, crítico e histórico de la propia realidad y de la del país. De esta forma, se promueve la formación de ciudadanos capaces de entablar interacciones de promoción y respeto a la vida, a todo nivel y en cualquier escenario.

La institucionalidad debe aplicar la política del cuidado: comprender, escuchar, negociar y, sobre todo, priorizar las necesidades para evitar la profundización de la crisis derivada de la no escucha a los actores no políticos.  El reto es enorme, y todos somos parte de la solución. Desde el aula, tenemos la necesidad de construir la ética del cuidado en nuestros estudiantes, desde la interacción diaria. Desde la academia, promoverla a todos los niveles de reflexión, buscando acompañar a la institucionalidad en una transformación en que la política del cuidado a la ciudadanía se convierta en un factor de cambio cultural y de bienestar social.

Referencia:

Hernández, A. B., Martín, I. M., & Canales, I. S. (2020). Vínculos y comunidad: introducción de la ética del cuidado en educación a través de estructuras participativas. Diversidade e Educação, 195-212