La ministra de medio ambiente Susana Muhamad sigue desde la COP16 las novedades que se presentan son los campesinos en las mesas de diálogo.

Recientemente algunas de las vías de Boyacá, Santander, Norte de Santander y el Noreste Antioqueño, se han visto bloqueadas por grupos de campesinos que manifiestan no estar satisfechos con la Ley de páramos.

El flujo vehicular de las principales carreteras del país se ha visto obstruido por la presencia de algunos campesinos que r se encuentran en desacuerdo por la Ley 1930, también conocida como Ley de páramos. Aunque recientemente el Gobierno Nacional anunció la apertura de mesas de diálogo, para poder concretar un acuerdo, los líderes han anunciado próximos bloqueos en otras carreteras del país, como la vía al Caribe.  

Entre las causas que han hecho a estas comunidades tomarse las vías de hecho están las leyes ambientales, que para ellos representan un riesgo a su labor, pues para algunos no contribuye a formalizar la minería artesanal y en otros casos define una frontera agrícola que como consecuencia los despojará de sus tierras.

Pero ¿de qué se trata esta polémica normativa? Para Juan Pablo Sarmiento profesor investigador en asuntos de derecho ambiental, cambio climático y corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, antes que referirse a la Ley 1930 del 2018 que permite la actividad agropecuaria de bajo impacto y que no desaloja a los campesinos, es importante comprender que el motivo en particular que los ha llevado a tomarse la vías de hecho, es el Decreto 044 del 2024. En tal sentido, aclara, la protección de páramos no es algo nuevo. “Desde el 2013 el ministerio de Medio Ambiente, con el decreto 1374, cuenta con la competencia para establecer estas zonas de reserva tanto de manera temporal como definitiva. Desde entonces, pasamos por la ley 1753 de 2015, la 1930 del 2018, planes generales de desarrollo y otros documentos que han ido ampliando la protección a ecosistemas y particularmente la protección a los páramos. La ley 1930 del 2018 explícitamente hablaba de prohibiciones en su artículo quinto y ahí es donde está la principal base normativa que da cuenta del diseño legislativo en esta materia. Ahí se establece la competencia concurrente entre el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sustitución, desmantelamiento, restauración y reconfiguración de áreas intervenidas por actividades mineras con el propósito de lograr su reconversión y reubicación laboral. Lo que hizo precisamente el legislador fue establecer una transición, una reconfiguración de estas actividades mineras que, como dan cuenta las cifras, afectan a los ecosistemas de páramos por las actividades mineras. El decreto 044 hace efectiva esa declaración que no es nueva porque existía desde el 2013”.

En ese sentido, agrega, el decreto es el que pretende excluir de algunas zonas, de manera temporal, las actividades mineras. Sin embargo, estas exclusiones se hacen con el propósito, primero, de adelantar estudios técnicos y adelantar procesos para determinar si el área puede ser o no objeto de esa de esa intervención.  

“Además, la norma indica que esto debe tener un enfoque participativo, por supuesto que va a haber situaciones en los que habrá una decisión vertical, sobre todo en aquellas actividades de minería que carezcan de licencia, que sean ilícitas, que para el caso en concreto del oro, deben cumplir con algunas normas de vertimientos y uso de materiales para la extracción de minerales”, añade el experto.

Sobre las negociaciones 

Desde la COP16 que avanza en Cali, la ministra Susana Muhamad reiteró que sigue de cerca el desarrollo del paro y además reafirmó la disposición del Gobierno a encontrar soluciones que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.  

“Hemos enviado a la viceministra Tatiana Roa, que está pendiente, pero tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios en Bucaramanga, del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente para atender las reivindicaciones de los y las protestantes, así que esperaremos cómo se desarrolla el proceso”, mencionó.

No obstante, estos acuerdos, de cara a la normativa establecen que la restricción o exclusión definitiva de la minería contempla un valor de mayor jerarquía. Es decir, hay una prevalencia del interés general sobre el particular sin significar que desaparezca la actividad particular, pero comprendiendo que la salud de ese ecosistema impacta en muchos más bienes jurídicos.

Lo anterior, a los ojos de Sarmiento, hace difícil la negociación, pues no se trata de una decisión arbitraria sino un asunto con un recorrido normativo que está dando cumplimiento a sentencias que también han sido dictadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para la protección de estos ecosistemas estratégicos.  

“No veo muy probable que el Consejo de Estado lo suspenda porque hay normas de varios lustros que han dispuesto esta protección y porque, de hecho, este decreto 044 está haciendo cumplir una sentencia del Consejo de Estado. En la primera parte hay que considerar que la extensión de este territorio hace que concurran muchos conflictos y muchos actores. Entonces por una parte hay actores que desarrollan minería de manera artesanal, que son los principales destinatarios de esta protección constitucional y protección legal de la ley 1930, que permite y que conduce a que el Estado también establezca de qué manera ellos pueden reconvertir estas actividades para garantizar su sustento y mínimo vital. Sin embargo, hay otros actores que no son tan pequeños, donde al parecer ingresan grupos al margen de la ley para adelantar actividades de extracción ilegal del mineral. Esto no quiere decir que todos los que se están oponiendo al decreto y a la delimitación de estas áreas pertenezcan a grupos armados, pero sí tenemos que reconocer que hay una participación, una incidencia en algunas áreas del páramo de agentes interesados en que estas delimitaciones no se produzcan y que el Estado no entre”, afirma Sarmiento.  

Finalmente, mientras se adelantan las negociaciones, de lo único que queda certeza es de la necesidad de recuperar, rehabilitar, conservar un ecosistema estratégico y de la disposición del Gobierno para lograr una salida concertada a este paro.