En los últimos meses, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) han sido un tema recurrente y de gran debate en Colombia. Esta política tiene como objetivo preservar los suelos rurales con potencial agropecuario, garantizando el derecho a la alimentación mediante la producción nacional de alimentos. Sin embargo, campesinos, alcaldes y concejales de la región de Sabana Centro han expresado su preocupación por la falta de información y participación en las decisiones relacionadas con su implementación. Temen perder autonomía sobre sus tierras y que, a largo plazo, se vea afectada la competitividad económica de la región. 

Aunque Dora Inés Rey, directora técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras Rurales de la UPRA, ha señalado en una reciente entrevista a RTVC Noticias que las APPA traerán beneficios al proteger la producción agropecuaria y promover la sostenibilidad ambiental, persisten dudas sobre si terrenos destinados a otros fines, como la construcción, el sector educativo, el sector turístico y otros tantos, deberían ser exclusivamente para la actividad agrícola. Esto podría limitar la libertad de decidir sobre el uso de la tierra. 

Esta incertidumbre llevó a la realización del foro Territorio en Debate: APPA y Vocaciones Productivas en Sabana Centro el pasado 30 de enero de 2025, un espacio promovido por la Asociación de Amigos. En este espacio se reunieron diversos actores, como el Ministerio de Agricultura, representado por José Luis Quiroga; el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan David Castaño; el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry; el presidente de Asocolflores, Augusto Solano; la presidenta de Asoleche, Ana María Gómez; y el alcalde de Chía, Leonardo Donoso. Moderado por María Elena Vélez, directora ejecutiva de Aesabana y Enrique Bayer Tamayo, presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad. El foro sirvió para resolver las dudas de los ciudadanos sobre esta medida que ha generado tantas inquietudes. 

En palabras de Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos:  “Vimos que 50 mil hectáreas, una cifra nada despreciable en Sabana Centro, son áreas que, en teoría, deben dejarse intocables para la producción de alimentos, independientemente de su uso actual”. Esta afirmación suscitó varias interrogantes: ¿Es esta resolución adecuada? ¿Satisface una necesidad real? ¿Contribuye al desarrollo del país y las regiones? ¿Excede el Ministerio de Agricultura sus atribuciones al implementarla? ¿Tiene sustento científico o es solo una recomendación sin base sólida? 

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la medida a través de una publicación del Ministerio de Agricultura en noviembre de 2024, destacando que la identificación de estas zonas responde a las solicitudes del campesinado, que busca proteger sus tierras y garantizar el derecho a la alimentación. En un contexto de expansión urbana, Carvajalino advirtió sobre el riesgo de una crisis alimentaria y climática si no se priorizan las labores del campo frente a la construcción de grandes desarrollos urbanos. José Luis Quiroga, del Ministerio de Agricultura, también señaló que el incumplimiento de las normas de ordenamiento territorial, combinado con la crisis climática, ha generado problemas como el desabastecimiento de agua en la región y otras dificultades relacionadas con la producción de alimentos. 

El delegado del ministerio destacó que muchas de estas áreas también tienen connotaciones ambientales, por lo que se está trabajando con las corporaciones autónomas y el Ministerio de Ambiente para garantizar la protección de los suelos. Aclaró que, al mencionar las APPA, no se buscan crear nuevas restricciones, sino que se continuará promoviendo el desarrollo de infraestructura, educación, salud y proyectos que protejan a los campesinos y les permitan un desarrollo integral. 

A pesar de las diferencias de opinión, Juan Manuel Charry explicó que las APPA no afectan a quienes ya realizan actividades agropecuarias en sus terrenos, pues estos cuentan con licencias y permisos. La intención de las APPA es organizar y priorizar el desarrollo agrícola, garantizar el derecho a la alimentación y construir planes para proteger la actividad agropecuaria, sin que esta interfiera con otros derechos económicos y sociales del país. 

Ana María Gómez, presidenta de Asoleche, subrayó la importancia de desarrollar este plan de manera conjunta, permitiendo que todos los sectores participen en igualdad de condiciones. El objetivo es lograr un territorio sostenible, tanto alimentaria como económicamente. 

Leonardo Donoso, alcalde de Chía, insistió en la necesidad de incluir a todos los sectores en el diálogo, especialmente a los propietarios privados, quienes aún no han sido consultados. La falta de participación ha generado incertidumbre y afectado emocionalmente a los habitantes, ya que sus tierras son consideradas patrimonio familiar. Donoso hizo un llamado a incluir a los ciudadanos en el proceso, ya que son los más conocedores de sus terrenos y pueden contribuir al desarrollo de las APPA. 

Sin embargo, persisten dudas sobre los costos y cambios en los territorios. Donoso mencionó que debe haber claridad sobre los impactos tributarios, especialmente en tierras de alto valor, como las de la Universidad de La Sabana y el Hipódromo de los Andes. Las inquietudes sobre la disminución del valor catastral, el impuesto predial y otros tributos económicos siguen siendo un tema sin resolver. 

A pesar de que las APPA buscan proteger la producción alimentaria y apoyar al campesinado, la falta de inclusión en el diálogo y las dudas sobre qué sucederá con los territorios no dedicados a la agropecuaria siguen generando incertidumbre. Las autoridades deberán trabajar para involucrar a todos los sectores en el proceso de implementación, garantizando que el desarrollo agrícola y urbano puedan coexistir de manera armoniosa, sin poner en riesgo el futuro alimentario y económico del país.