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Kelli Muddell y Anna Myriam Roccatello. “Reflexiones sobre una rendición de cuentas centrada en las víctimas en Ucrania”, en Anuario Iberoamericano sobre Derecho Internacional Humanitario, 4 (2023), pp. 25-64. doi: https://doi.org/10.5294/aidih.2023.4.2

*   Este artículo se basa en una versión en inglés de un briefing publicado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) en febrero de 2023.

Traducción realizada al español por Ana María Gómez Mendivelso.

Introducción

La orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Vladimir Putin el 17 de marzo de 2023 ha suscitado numerosos debates sobre la competencia de la CPI en el enjuiciamiento de funcionarios rusos por crímenes internacionales, especialmente por el crimen de agresión.^[1] Al respecto, y con el fin de sortear el vacío en materia de competencia de la Corte, los países aliados de Ucrania y varios expertos jurídicos se han pronunciado sobre la necesidad de encontrar nuevas vías para llevar a Rusia ante la justicia. Entre las propuestas se incluye la creación de un tribunal especial para judicializar el crimen de agresión de naturaleza híbrida o internacional, o un tribunal nacional con competencia para juzgar crímenes internacionales.^[2]

Independientemente del camino que se siga, los debates sobre cómo abordar las violaciones al derecho internacional cometidas en Ucrania deben incluir las necesidades de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora se ha prestado poca atención a los enfoques centrados en ellas, ya que otras cuestiones –como la agilización de enjuiciamientos y la reconstrucción de la infraestructura destruida por la guerra– han predominado en el debate. Así las cosas, este artículo sostiene que resulta imperativo poner en práctica diferentes estrategias impulsadas por las víctimas y la sociedad civil, incluso mientras la guerra sigue su curso, entre otras cosas, por su potencialidad de crear condiciones más favorables para posteriores enjuiciamientos y la consolidación de la paz. Por lo tanto, deben realizarse esfuerzos para garantizar que la amplia información documentada sobre los crímenes relacionados con este conflicto no solo se utilice con fines procesales y judiciales, sino también para encontrar otras formas de reparación centradas en las víctimas.

Como ilustrará este artículo, la justicia transicional es un campo que ofrece importantes perspectivas y lecciones aprendidas sobre cómo podrían diseñarse y aplicarse tales iniciativas. Si bien es cierto que la justicia transicional suele aplicarse con posterioridad a las violaciones cometidas y rara vez en contextos de conflictos armados internacionales, su práctica ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Hoy en día, las herramientas que ofrece la justicia transicional han adquirido una relevancia significativa a la hora de responder a las demandas de las víctimas en escenarios muy diversos y complejos. Como demuestra el trabajo de organizaciones como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), estos escenarios pueden abarcar desde regímenes opresivos o autoritarios hasta democracias establecidas que luchan contra la exclusión estructural y los legados de abusos pasados.^[3]

De hecho, cuando se trata de conflictos armados en curso, los mecanismos de justicia transicional suelen perseguir objetivos similares a aquellos consagrados en las costumbres y normas del derecho internacional humanitario.^[4] A manera de ejemplo, se resalta la aplicación de la amnistía más amplia posible en el marco del modelo de justicia restaurativa adoptado por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia,^[5] y la firma del Acuerdo de Paz de 2016 como un Acuerdo Especial de conformidad con el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, el cual abarcó diferentes mecanismos de búsqueda de la verdad y reparación^[6]. En ese sentido, limitar la aplicación de la justicia transicional a una fase posterior al conflicto puede, en últimas, privar a las víctimas de la oportunidad de acceder a una reparación de manera más inmediata. Esto es especialmente relevante cuando una resolución pacífica del conflicto no es inminente, como infortunadamente parece ser el caso en Ucrania.

Este artículo inicia con un breve resumen del contexto del conflicto armado en Ucrania desde 2014, así como los diferentes esfuerzos multilaterales emprendidos para responder al mismo. Las siguientes secciones se centran en cómo podrían concebirse procesos imparciales de búsqueda de la verdad y programas participativos de reparación, concretamente aprovechando la importante cantidad de documentación sobre crímenes relacionados con el conflicto ya disponible en Ucrania. Además, se aboga por la adopción de un enfoque mixto o restaurativo de justicia para la rendición de cuentas en el país. Dicho enfoque puede resultar más propicio para esclarecer la verdad de la guerra y ofrecer justicia en contextos en los que es materialmente imposible investigar y juzgar todos los crímenes cometidos. El artículo concluye señalando los riesgos de procesos penales precipitados en el actual contexto ucraniano y la necesidad de complementar dichos procesos con otros esfuerzos de justicia transicional que respondan más efectivamente a las necesidades de las víctimas.

1. Antecedentes del conflicto

El conflicto armado en Ucrania ha tenido lugar desde el 2014, cuando Rusia anexó ilegalmente la península de Crimea^[7]. El año anterior, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukóvich, rechazó un acuerdo que preveía una “mayor integración económica” con la Unión Europea (UE), medida que desencadenó amplias protestas en todo el país^[8]. A medida que aumentaban las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas del Estado, Yanukóvich huyó del país^[9]. El presidente ruso, Vladimir Putin, se refirió a los acontecimientos de Ucrania como “un golpe fascista respaldado por Occidente que puso en peligro a la minoría étnica rusa de Crimea”^[10]. Argumentando la necesidad de proteger a los rusoparlantes y a los ciudadanos de la región, Putin envió tropas a Crimea y, tras orquestar un referéndum muy controvertido, anexionó ilegalmente la península a la Federación Rusa.^[11] Dos meses después, mientras las tensiones y divisiones seguían intensificándose, las autoridades instaladas por Rusia en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk también celebraron referendos de independencia igualmente controvertidos; a partir de esto, estallaron combates entre las fuerzas ucranianas y las apoyadas por Rusia.^[12] Unos meses más tarde, al inicio de 2015, varios países, entre ellos Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, tomaron medidas para iniciar negociaciones de paz en el marco de los llamados Acuerdos de Minsk. Los acuerdos preveían un alto al fuego inmediato, la retirada de todo el armamento pesado y una “reforma constitucional que reconociera el estatus especial de Donestk y Lugansk”^[13]. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el conflicto continuó^[14]. Ninguna de las partes consiguió avances territoriales significativos.

Hacia finales de 2021, las tensiones volvieron a intensificarse considerablemente. En noviembre, Rusia aumentó su presencia militar a lo largo de la frontera ucraniana y el mes siguiente las tensiones se intensificaron aún más cuando los servicios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) descubrieron que Rusia podría estar preparándose para invadir y ocupar Ucrania^[15]. El presidente de EE.UU. Joe Biden declaró que, de producirse una invasión, EE.UU. y otros países aliados impondrían más sanciones a Rusia. Mientras tanto, Rusia solicitó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los países occidentales detuvieran todas las operaciones militares cerca de Ucrania, argumentando que el país no podía ser miembro de la OTAN^[16]. Todos los intentos de reducir las tensiones en el inicio de 2022 fracasaron^[17]. En febrero de 2022, Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, envió fuerzas a la frontera ucraniana y ordenó el despliegue de tropas de “mantenimiento de la paz” en las dos regiones^[18]. Putin anunció, entonces, el 24 de febrero, el inicio de una operación militar en Ucrania “para desmilitarizar” y “desnazificar Ucrania y poner fin al supuesto genocidio de población rusa en territorio ucraniano^[19]”. Ucrania, a su vez, declaró el estado de emergencia y movilizó sus propias tropas^[20].

Numerosos países y organismos internacionales condenaron inmediatamente la invasión rusa de Ucrania^[21]. Varios Estados impusieron sanciones en contra de Rusia y muchos países empezaron a prestar apoyo a Ucrania en forma de ayuda militar y humanitaria^[22]. A partir del 24 de febrero, las fuerzas rusas intentaron reclamar el control de algunas de las principales ciudades de Ucrania, incluida Kiev,^[23] afectando a miles de personas e infraestructura esencial.

Al fracasar en sus intentos de capturar la capital, Rusia se retiró de Kiev y reforzó sus operaciones en la parte oriental del país. Rusia pudo tomar el control de la estratégica ciudad de Mariupol, donde atacó indiscriminadamente a civiles y edificios esenciales, incluido un hospital de maternidad^[24]. Durante el verano de 2022, las hostilidades se concentraron principalmente en las regiones oriental y meridional del país, donde Rusia tomó el control de varios puertos, interrumpiendo así las cadenas de suministro de alimentos esenciales^[25]. En septiembre, las fuerzas ucranianas lograron recuperar parte del territorio. Sin embargo, cerca del final de mes, Rusia anunció la anexión de cuatro regiones del este de Ucrania tras la celebración de referendos de independencia muy disputados. Pocos días después, el 10 de octubre, Rusia inició una nueva operación militar en varias regiones del país^[26].

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, más de 6000 civiles han perdido la vida desde que comenzó la invasión en febrero de 2022 y más de 9000 han resultado heridos^[27]. Sin embargo, se cree que las cifras son mucho más elevadas. La infraestructura esencial ha sufrido varios daños y millones de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania o a trasladarse a otras partes del país. Como lo señala el informe más reciente de la Comisión Nacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (CIII), que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la onu en marzo de 2022, las fuerzas rusas han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En particular, la Comisión denunció ataques indiscriminados en contra de civiles y personas desplazadas, ejecuciones sumarias, tortura y malos tratos, violencia sexual y de género, detenciones ilegales y deportaciones forzosas^[28]. En este contexto, las demandas de verdad y justicia siguen creciendo entre las víctimas, sus familiares y los actores internacionales.

La guerra en Ucrania representa un nuevo escenario para la aplicación de la justicia transicional y plantea algunas cuestiones relacionadas con la aplicación de dicho proceso. En primer lugar, la situación en Ucrania constituye un conflicto armado internacional entre dos Estados. Esto tiene implicaciones para el diseño y la aplicación de medidas y políticas de justicia transicional, principalmente porque hasta ahora los profesionales solo han aplicado tales medidas y políticas en contextos de conflictos armados internos^[29].

Otro factor que debe tenerse en cuenta es que el conflicto en Ucrania aún está en curso. Tradicionalmente, la justicia transicional se ha aplicado en sociedades que salen de un conflicto o de la represión, pero cada vez más se considera que también es pertinente en otros contextos^[30]. Los mecanismos de justicia transicional pueden tener un importante valor para la consolidación de la paz incluso cuando la violencia y el conflicto continúan. Según el experto en derechos humanos Ron Dudai, estos mecanismos pueden desempeñar un papel importante “facilitando el éxito de las negociaciones, complementando los acuerdos con una participación más amplia de la sociedad y reforzando la viabilidad a largo plazo de los acuerdos firmados”^[31]. Algunas cuestiones relevantes para el conflicto, señala Dudai, “pueden abordarse en fases iniciales, mientras que otras serían fructíferas en fases posteriores”. Por lo tanto, la persistencia del conflicto y la justicia transicional no tienen por qué excluirse mutuamente. En cambio, un modelo de justicia transicional gradual, en el que el número y el alcance de las medidas aumenten a medida que avanza el proceso para alcanzar un acuerdo político, podría ser adecuado en estos contextos, incluida Ucrania.

A pesar de los retos que el carácter interestatal de la guerra en Ucrania presenta para la justicia transicional, valiosas lecciones extraídas de otros contextos sobre cuestiones relacionadas con la búsqueda de la justicia penal, el uso de la documentación existente para la búsqueda de la verdad, la prestación de asistencia urgente a las víctimas y las posibles sinergias entre los programas de reparación y los planes de desarrollo siguen siendo aplicables en Ucrania. Los mecanismos y las políticas de justicia transicional pueden utilizarse de forma creativa para ayudar a reparar los horribles daños de la guerra y construir una paz sostenible mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el fomento del compromiso cívico y la promoción de una cultura pluralista basada en derechos.

2. Multilateralismo en la búsqueda de la responsabilidad penal

La comunidad internacional ha respondido al conflicto de Ucrania con una oleada de rápidas acciones multilaterales como pocas veces se había visto desde el conflicto sirio. El 27 de febrero de 2022, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó una sesión especial de emergencia de la Asamblea General para considerar y recomendar una acción colectiva sobre la situación después que los miembros permanentes llegaran a un punto muerto^[32]. Era la primera vez en cuatro décadas que se celebraba una sesión de este tipo. Desde el inicio del conflicto, los países han colaborado para proporcionar a Ucrania apoyo militar y ayuda humanitaria, así como para aplicar sanciones contra Rusia.

2.1. Esfuerzos internacionales

Tanto los medios de comunicación tradicionales como las redes sociales han especulado que el conflicto de Ucrania será el más documentado del siglo XXI^[33]. La comunidad internacional también ha realizado un enorme esfuerzo para documentar la violencia relacionada con el conflicto. La ONU encomendó a la CIII “investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”^[34]. Organismos como este se han convertido en una respuesta cada vez más habitual de la comunidad internacional ante situaciones en las que se han producido graves violaciones del derecho internacional. Sin embargo, una característica exclusiva del conflicto de Ucrania es la gran cantidad de iniciativas de documentación que diferentes actores están llevando a cabo con el único fin de exigir responsabilidad penal.

Las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el conflicto se están llevando a cabo en distintas jurisdicciones. El 2 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación en respuesta a una remisión de 43 Estados Parte. El alcance de la investigación abarca presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Aunque Ucrania no es parte del Estatuto de Roma, ha aceptado oficialmente la jurisdicción del tribunal para los delitos cometidos en su territorio desde el 21 de noviembre de 2013, fecha que marca el inicio de las manifestaciones y los disturbios civiles que precedieron a la invasión rusa de Crimea^[35]. En junio, la Unión Europea anunció un programa de 7,25 millones de euros para mejorar las capacidades de investigación de la CPI, en parte para garantizar que la CPI pudiera cumplir con el alcance de su investigación en Ucrania^[36]. La Unión Europea también estudia crear una Fiscalía especial para investigar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania^[37].

El 25 de marzo se creó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para reunir evidencia sobre posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes internacionales. Apoyado por Eurojust, el eci se formó originalmente con los gobiernos de Lituania, Polonia y Ucrania. Desde octubre, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Rumanía y la Fiscalía de la CPI también se han convertido en miembros.^[38] Y al menos 21 países han iniciado investigaciones en virtud del principio de jurisdicción universal^[39].

Desde la ocupación de su territorio en 2014, Ucrania ha presentado varios casos en diferentes mecanismos internacionales y regionales. El 26 de febrero de 2022, Ucrania presentó un nuevo caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio^[40]. Desde la presentación del caso, un número sin precedente de países (33) han intervenido en los procedimientos de la CIJ^[41].

Además, muchos miembros de la comunidad jurídica internacional han estado estudiando formas de enjuiciar el crimen de agresión. Este crimen nunca ha sido enjuiciado, lo que, en opinión de muchos juristas, deja al descubierto “una laguna en la aplicación del derecho penal internacional”^[42]. A diferencia de otros crímenes atroces definidos en el Estatuto de Roma, la CPI no puede enjuiciar por este crimen a nacionales de Estados no parte. El debate sobre cómo enjuiciar la invasión de Ucrania, ante la limitación jurisdiccional de la cpi, ha generado diferentes ideas, entre ellas las siguientes:

Un tribunal especial (internacional o híbrido) con jurisdicción sobre esta única categoría de crimen, respetando la jurisdicción de la CPI sobre todos los demás crímenes atroces. Los promotores de un tribunal especial han propuesto diferentes opciones^[43]:

Un alto tribunal ucraniano de crímenes de guerra integrado en el sistema judicial nacional. Su jurisdicción abarcaría todos los crímenes atroces cometidos desde noviembre de 2013^[44].

Un tribunal híbrido bajo los auspicios del Consejo de Europa. Se trataría de una sala extraordinaria de agresiones que formaría parte del sistema judicial ucraniano^[45].

Un modelo de acusación por el crimen de agresión cometido contra Ucrania. Esta acusación podría utilizarse en numerosos escenarios^[46].

Una enmienda al Estatuto de Roma para facultar a la CPI para enjuiciar el crimen de agresión autorizando a la Asamblea General de la ONU a remitir la situación a la CPI. Esta propuesta parece ser la que cuenta con menos apoyo debido a que se requeriría al menos un año para lograr el consenso necesario y completar la enmienda^[47].

Cada una de estas propuestas tiene sus pros y sus contras, pero la creatividad y el impulso para encontrar un mecanismo adecuado ponen de relieve la importancia de procesar este delito como un medio para reforzar el marco jurídico internacional y hacer cumplir las normas pertinentes.

2.2. Esfuerzos nacionales

La Fiscalía General de Ucrania ha asumido un papel firme y proactivo en la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto^[48]. La Fiscalía se ha centrado en las violaciones de las leyes y usos de la guerra; la planificación, preparación o desencadenamiento de una guerra de agresión, y la incitación a la guerra. La Fiscalía General de Ucrania cuenta con una oficina especializada en crímenes de guerra y un portal en línea a través del cual puede recibir información sobre presuntas violaciones^[49]. Hasta el 14 de septiembre, la oficina de crímenes de guerra había abierto más de 30.000 casos^[50].

A diferencia de muchos contextos en los que no se da prioridad a la responsabilidad penal por la violencia sexual relacionada con el conflicto, la Fiscalía General demostró desde el principio su compromiso con esta cuestión. Se han documentado casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y ancianos^[51]. El 3 de mayo, Ucrania firmó un acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas que incluía disposiciones sobre investigaciones, reformas legales y servicios para las víctimas^[52]. Juntos han trabajado para desarrollar una estrategia centrada en las víctimas^[53]. La Fiscalía General ha establecido una unidad especializada dedicada a violencia sexual relacionada con el conflicto. Por supuesto, siguen existiendo retos, como la capacitación de la policía y el poder judicial para hacer frente a este tipo de delitos, sin embargo, la determinación y la sabiduría de algunos de los fiscales implicados ya han garantizado la aplicación de las mejores prácticas incluso en las peores circunstancias^[54]. Mejorar esta capacidad es prioritario, pero paralelamente debe prestarse apoyo a los casos en curso^[55].

2.3. Retos para la justicia penal

El ICTJ ha identificado varios retos a los que se enfrentan estas iniciativas. Si bien la coordinación entre los actores nacionales e internacionales que participan en estos esfuerzos es, a menudo, aclamada oficialmente como un éxito,^[56] se han planteado preocupaciones por la escasez de intercambio de información y cooperación^[57]. En un evento paralelo de las Naciones Unidas celebrado en septiembre, el presidente de Eurojust señaló la necesidad de centralizar las investigaciones en curso, actualmente fragmentadas, mediante el uso de una base de datos internacional, que permitiría una codificación común de las violaciones basada en las evidencias que han reunido las distintas partes interesadas^[58].

El ictj está preocupado por la insuficiente comunicación entre la CPI, el ECI y la Fiscalía General. También está preocupado por la aparente ausencia de una estrategia de enjuiciamiento por parte de las autoridades ucranianas, aunque no exclusivamente. En un simposio a puerta cerrada al que asistió el ICTJ el 14 de septiembre, la Fiscalía General informó que su principal reto era la falta de transparencia, ya que ni el ECI ni la CPI habían compartido información con las autoridades locales. En el mismo evento, un miembro internacional de un equipo de investigación insistió en la necesidad de implicar a las autoridades nacionales, pero pasó por alto la cuestión de la estrategia de enjuiciamiento. Cuando lo presionaron, insistió en que existía una estrategia, pero no una teoría del delito^[59]. El ICTJ sostiene que una teoría del delito es la base de una estrategia de enjuiciamiento, y que esta última no puede existir sin la primera.

El ICTJ reconoce que el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante este conflicto debe producirse en diferentes escenarios. Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por ende, no ha integrado las disposiciones del Estatuto en su Código Penal. Por lo tanto, enjuiciar las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en la CPI y en otros países utilizando el principio de jurisdicción universal tendrá un fundamento jurídico más sólido. Sin embargo, incluso los esfuerzos combinados en diversos foros solo podrán tratar una pequeña fracción de los casos. Son numerosos los retos técnicos a los que se enfrenta el eci, incluido el enorme número de casos que tiene abiertos y su falta de estrategia de enjuiciamiento^[60]. Además, difícilmente puede considerarse que Ucrania esté en condiciones de llevar a cabo juicios justos y transparentes. Incluso si la comunidad internacional proporcionara a la ECI toda la capacitación y el apoyo técnico que necesita, difícilmente los acusados percibirían un tribunal ucraniano como independiente, justo y seguro^[61].

3. La necesidad de reconstruir una mejor Ucrania

El enorme esfuerzo y los recursos que los actores nacionales e internacionales han invertido en las diversas investigaciones relacionadas con la justicia penal son loables y demuestran un compromiso mundial sin precedentes que no se había visto en ningún conflicto en las últimas décadas. Sin embargo, el ICTJ ha observado que se producen muy pocas conversaciones sobre las víctimas y las consecuencias de las violaciones que sufrieron. El ICTJ  también ha observado que los debates sobre la reconstrucción de Ucrania rara vez, o nunca, incluyen la construcción de una sociedad pluralista y basada en los derechos como objetivo de estos esfuerzos. Según el Plan de Recuperación de Ucrania, presentado en Lugano (Suiza) los días 4 y 5 de julio de 2022, el costo de la reconstrucción asciende a 750 billones de dólares^[62]. En una conferencia celebrada el 25 de octubre de 2022, la Comisión Europea y la presidencia del G7 pidieron “nada menos que la creación de un nuevo plan Marshall para el siglo XXI” para reconstruir las “viviendas, escuelas, carreteras, puentes e infraestructuras del país”^[63].

Antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, Ucrania se enfrentaba a un prolongado conflicto marcado por la ocupación rusa de Crimea y una lucha armada con milicias separatistas apoyadas por Rusia en la región de Donbás, lucha iniciada por dichas milicias. Algunos creen que la raíz del conflicto son las tensiones entre los diversos grupos demográficos ucranianos, cultural y lingüísticamente diversos, que en su mayoría residen en distintas regiones históricamente ocupadas por diversas potencias extranjeras^[64]. La guerra actual ha creado un sentimiento de unidad entre la población y un apoyo inquebrantable al gobierno ucraniano. Sin embargo, la experiencia en otros contextos ha demostrado que esta unidad suele disiparse rápidamente tras el fin de un conflicto y cuando vuelven a surgir las divisiones políticas. Sin esfuerzos para reforzar el compromiso cívico democrático, el legado de miedo, desconfianza y resentimiento del país seguirá persiguiendo al pueblo ucraniano y se desatará la volatilidad política.

Los Balcanes ofrecen un ejemplo cautelar de cómo un enfoque miope de la responsabilidad penal, sin un esfuerzo concertado para promover el diálogo social, puede dejar insatisfechas las necesidades de las víctimas y socavar la construcción de una sociedad tolerante y pluralista. En respuesta a la brutalidad del conflicto que estalló tras la desintegración de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en la década de 1990, la comunidad internacional creó uno de los primeros tribunales internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY) elaboró una jurisprudencia pionera sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que modificó el panorama jurídico internacional^[65].

Al final de su mandato, el TPIY necesitó transferir casos a las jurisdicciones nacionales, lo que llevó a la creación de la Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina (BIH). Reconociendo que el TPIY solo podía enjuiciar a una pequeña parte de los autores, las autoridades nacionales juzgaron los casos durante una década; sin embargo, su limitada capacidad para enjuiciar casos complejos de crímenes de guerra suscitó dudas sobre la legitimidad de los veredictos. La creación de la Sala de Crímenes de Guerra de BIH y la Fiscalía tenía como objetivo desarrollar el sistema judicial nacional para tratar eficazmente los casos de violaciones del derecho internacional.^[66]

Aunque este tipo de medidas han reforzado los sistemas judiciales de los países que las han aplicado, en los Balcanes Occidentales han faltado en gran medida otros esfuerzos para afrontar el pasado^[67]. Los países de la región han realizado relativamente pocos esfuerzos a nivel nacional para desarrollar medidas que examinen la verdad de lo ocurrido durante el conflicto a las víctimas de todos los grupos étnicos, no solo a los que son mayoría. El ICTJ cree que la ausencia de un registro histórico equilibrado que cuestione la narrativa de guerra dominante, que a menudo se basa en la negación de quién cometió las violaciones y el alcance de estas, ha creado un entorno en el que florecen las políticas etno nacionalistas y las tácticas autoritarias. En su mayor parte, los políticos de los Balcanes Occidentales manipulan a los grupos de víctimas con una retórica basada en la identidad, al tiempo que aprovechan las promesas de ayuda para conseguir votos^[68].

La lección para Ucrania es que incluso un compromiso significativo, tanto por parte de la comunidad internacional como de las autoridades nacionales, para asegurar la responsabilidad penal, no bastará para evitar que una versión unilateral del conflicto domine el panorama político y erosione la estabilidad. Los actores implicados en las diversas iniciativas de documentación, así como las partes interesadas en el proceso de reconstrucción, deben pensar más allá de su actual conjunto de prioridades y considerar otras formas no solo de ayudar a Ucrania a recuperarse del conflicto, sino también de garantizar que se convierta en una sociedad más fuerte, pluralista y basada en los derechos. El “Plan Marshall” de Ucrania debe diseñarse para crear un entorno en el que la sociedad ucraniana pueda seguir construyendo instituciones públicas responsables, independientes y transparentes y consolidar su democracia.

4. Amplificando el uso de la documentación

Las diversas iniciativas en curso para investigar los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania brindan una oportunidad. Dado el alto nivel de exigencia de las evidencias admisibles, una gran parte de la documentación que se está recopilando no se utilizará. Las autoridades ucranianas y la comunidad internacional deberían adoptar una perspectiva más amplia sobre cómo utilizar esta información. Otros contextos de justicia transicional han demostrado que los distintos niveles de documentación sobre violaciones relacionadas con el conflicto pueden utilizarse para lograr diferentes objetivos. En esta sección se proponen algunas ideas como puntos de partida para una conversación más amplia sobre cómo los esfuerzos en curso deberían aprovecharse al máximo para atender las necesidades de las víctimas y crear una paz duradera en Ucrania.

4.1. Utilización de elementos de la búsqueda de la verdad para crear un registro oficial e imparcial del conflicto

El concepto de búsqueda de la verdad surgió por primera vez cuando las víctimas y la sociedad en general reconocieron la necesidad de sacar a la luz las experiencias que caracterizaron un periodo de violencia, en particular aquellas de las que nunca se había hablado o que se habían negado abiertamente. Aunque la búsqueda de la verdad puede adoptar muchas formas, generalmente proporciona un espacio para que las víctimas cuenten sus historias y establezcan un registro público del periodo en cuestión. En muchos contextos, estos procesos han documentado las perspectivas de las distintas partes de un conflicto y lo han hecho dándole prioridad a un enfoque centrado en las víctimas.

La información procedente de las diversas iniciativas de investigación podría utilizarse para crear un registro del conflicto en Ucrania, incluidas sus causas y consecuencias, del mismo modo que podría utilizarse en un proceso de búsqueda de la verdad. Cuando el sentimiento de unidad de la sociedad empieza a desvanecerse tras el final de un conflicto, este tipo de registro puede utilizarse para contrarrestar cualquier relato politizado que salga a la luz^[69].

Para poner en marcha un proyecto de este tipo, las partes interesadas deberían tener en cuenta numerosas cuestiones. En primer lugar, tendrían que crear un espacio adecuado para conservar los testimonios de las víctimas y otra documentación que se haya recopilado. También tendrían que reflexionar sobre cuestiones como: ¿qué albergaría este espacio?, ¿qué entidades compartirían sus datos y de qué forma?, ¿qué funciones asumirían los miembros del proyecto? y ¿qué forma adoptarían sus hallazgos y cómo se harían accesibles al público?, por nombrar solo algunas.

Estas numerosas consideraciones son indicativas de los esfuerzos de búsqueda de la verdad y de las diferentes formas que pueden adoptar; sin embargo, un elemento que debe ser central en cualquier iniciativa de este tipo es garantizar la protección de las víctimas. Las medidas de justicia transicional en otros contextos han demostrado que, para que este tipo de proyectos tengan éxito, las partes interesadas deben dar prioridad a la creación de políticas y procedimientos en la fase de diseño. El proceso también debe ser lo suficientemente flexible como para que sus operaciones se adapten a los riesgos imprevistos que puedan surgir durante la implementación. Para identificar los riesgos para las víctimas y las formas de mitigarlos, es vital consultar con los grupos de víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres^[70].

La participación de la sociedad civil podría ir mucho más allá de las consultas. La sociedad civil ucraniana es la responsable de recopilar la mayor cantidad de documentación hasta la fecha^[71]. Cada vez más, en contextos de justicia transicional, las organizaciones de la sociedad civil están implementando sus propias iniciativas de búsqueda de la verdad. Aunque estos esfuerzos pueden parecer diferentes de aquellos de las comisiones de la verdad oficiales, existe una clara convergencia en torno a tres propósitos principales: (1) establecer los hechos sobre violaciones de los derechos humanos que siguen siendo discutidos o negados, aspirando a validar diferentes grados de interpretación y análisis de esos hechos; (2) proteger, reconocer y empoderar a víctimas y supervivientes; y (3) informar las políticas, promover el cambio en grupos e instituciones, y contribuir a la transformación social y política^[72].

En países como Colombia, Indonesia, Escocia y Estados Unidos, procesos liderados por la sociedad civil han examinado cuestiones como la violencia contra las mujeres, la pobreza, la violencia racial y la discriminación estructural^[73].

Mientras que algunas de estas iniciativas están totalmente dirigidas por organizaciones nacionales de la sociedad civil, otras se han llevado a cabo con socios internacionales. Oasis de la Memoria, cuyos miembros eran agentes locales e internacionales, investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante los 15 años de conflicto en el Sáhara Occidental entre las fuerzas armadas marroquíes y los nacionalistas saharauis. Basado en entrevistas semiestructuradas con las víctimas y en fuentes secundarias, el informe en dos volúmenes del proyecto abordaba la violencia del pasado, al mismo tiempo que adoptaba un enfoque de mirada hacia el futuro al identificar medidas que ayudarían al pueblo saharaui a trabajar hacia una sociedad democrática^[74].

Hace varios años, el ICTJ dirigió el proyecto colaborativo Save Syrian Schools en asociación con 10 organizaciones sirias que habían pasado años documentando el conflicto sirio con la esperanza de que la información pudiera contribuir a futuros esfuerzos de justicia penal. Con el paso de los años y la intensificación del conflicto, las organizaciones vieron la necesidad de utilizar la documentación para otros fines. Tras extensas consultas con una amplia gama de grupos de la sociedad civil, las organizaciones decidieron examinar la cuestión de los ataques a las escuelas desde múltiples ángulos. Utilizando un enfoque centrado en las víctimas, las organizaciones colaboraron en la elaboración de un informe que exploraba estos ataques y sus implicaciones jurídicas, así como su impacto en los niños, las familias, los educadores y la sociedad^[75]. Este proyecto destaca en parte por su proceso. Reunió a un conjunto diverso de organizaciones que participaron en el diseño y la ejecución del proyecto, independientemente de su tamaño o importancia. El papel desempeñado por cada organización a la hora de reunir diferentes formas de datos y analizarlos se basó en los puntos fuertes de cada una de ellas. Durante 18 meses, las organizaciones colaboraron estrechamente y buscaron siempre el consenso cuando surgían diferencias de opinión, lo que fomentó un sentimiento colectivo de propiedad del proyecto.

4.2. Asistencia urgente para las víctimas y futuras reparaciones

Una gran parte de la población ucraniana necesita ayuda inmediata. Hasta la fecha, los debates políticos sobre la reconstrucción se han centrado en la reconstrucción de la infraestructura y no han tenido suficientemente en cuenta las necesidades de las personas afectadas por el conflicto. Todas las personas desplazadas, alojadas en campos de refugiados, o que sufren traumas deben recibir apoyo para ayudarles a reconstruir sus vidas. Dado el amplio alcance del conflicto y la destrucción masiva que ha causado, muchos ucranianos encajan en estas categorías. Un subconjunto de la población más pequeño, pero significativo y a veces coincidente, sufre graves daños físicos, psicológicos y económicos como consecuencia de violaciones como la tortura, la violencia sexual y de género, el confinamiento ilegal y las ejecuciones sumarias de familiares.

Aunque la comunidad internacional se ha esforzado por prestar ayuda, a menudo no llega a las víctimas. El pasado mes de septiembre, en un evento sobre violencia sexual relacionada con el conflicto en Ucrania, la fundadora de una red no gubernamental de víctimas de este tipo de violencia se sentó en una mesa redonda con varias partes interesadas internacionales que hablaban del apoyo que sus organizaciones prestaban a las víctimas. Cuando terminaron, comenzó su presentación presentándose como la “víctima de la que se ha hablado mucho hoy”. En una declaración muy apasionada e informativa, describió las necesidades inmediatas de las víctimas de la violencia sexual relacionada con el conflicto, una de ellas es poder proporcionar alimentos a sus familias mientras viven con intensos traumas emocionales y físicos. Informó con frustración que ninguno de los miembros de su red había podido acceder a ninguna de las ayudas que los actores internacionales habían descrito y les rogó que apoyaran su red y su trabajo^[76].

Ucrania debe desempeñar un papel de liderazgo en la creación y la implementación de un programa para satisfacer las necesidades urgentes de los afectados por el conflicto. La apropiación nacional y la participación pública deben estar en el centro de todos los esfuerzos de recuperación y reconstrucción para que estos tengan éxito^[77]. Además, Ucrania necesitará importantes recursos de la comunidad internacional para proporcionar la asistencia necesaria. Por ejemplo, el conflicto ha dejado a muchas personas discapacitadas, pero la capacidad de Ucrania para atender a estas víctimas y a segmentos similares de la población es dudosa. Incluso antes de que comenzara la guerra, las leyes ucranianas de apoyo a los discapacitados no se seguían de forma coherente y el conflicto no ha hecho sino agravar la difícil situación de esta población^[78]. Los programas de servicios sociales para esta población, así como para otras afectadas por el conflicto, tendrían que ampliarse significativamente y/o coordinarse mejor. Para garantizar una cobertura lo más amplia posible, el apoyo psicosocial podría prestarse a través de una red que incluya proveedores públicos y privados. Con financiación del gobierno, algunas organizaciones de la sociedad civil también podrían prestar distintas formas de ayuda. De los países que ya han emprendido un proceso de justicia transicional pueden extraerse ejemplos de distintas formas de hacer llegar a las víctimas el apoyo que necesitan con urgencia ante la escasez de recursos y los problemas de infraestructura. Las lecciones aprendidas de los programas de recuperación y reparación podrían ser útiles en el contexto ucraniano.

Además de ayudar a establecer un registro público del conflicto, la documentación existente también podría servir de base para el diseño de un programa de asistencia urgente. La información recopilada podría contribuir al desarrollo de un registro de víctimas que identifique los tipos de violaciones y la asistencia necesaria de forma urgente. Un registro también podría ser útil para consolidar datos que pueden ser necesarios para otros procesos, como la búsqueda de los desaparecidos. Por ejemplo, el traslado forzoso de civiles, incluidos niños, con el pretexto de la evacuación, ha sido bien documentado^[79]. Preocupan especialmente las medidas de Rusia para empezar a conceder la ciudadanía a los niños ucranianos que residen en Rusia sin cuidado parental, lo que abre una vía para que familias rusas los adopten^[80]. Aunque el mensaje del gobierno ruso sobre estos puntos ha sido claro, ha guardado silencio sobre cualquier plan que pueda tener para cumplir con su responsabilidad legal de intentar reunir a estos niños con sus familias^[81]. Para estos niños y otras personas, que subieron a un autobús bajo el pretexto de que estaban siendo evacuados de una zona sitiada, un registro de víctimas podría albergar datos sobre cuándo y dónde estuvieron en escena por última vez, qué llevaban puesto y cualquier otra información que pueda ayudar en cualquier esfuerzo por determinar qué les ocurrió, dónde se encuentran si están vivos y dónde podrían encontrarse sus cuerpos si no lo están.

Incorporar una dimensión de género en la prestación de asistencia urgente y en cualquier futuro programa de reparaciones es esencial para garantizar su eficacia. El modo en que las violaciones pueden afectar a las personas de forma diferente en función de su género debe tenerse en cuenta tanto a la hora de registrar a las víctimas y a otros individuos como a la hora de prestar asistencia y servicios. Toda asistencia a las víctimas debe reconocer que estas consecuencias de género no se limitan a los abusos cometidos durante los periodos y en los lugares de combates activos. Entre los desplazados internos, por ejemplo, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia de género y a la trata de personas^[82]. Además, las personas lgbtiq desplazadas también sufren discriminación y violencia^[83].

La asistencia urgente y los procesos de reparación deben diseñarse para responder a los retos que las víctimas de violencia sexual y de género pueden tener que afrontar en relación con la vergüenza y la estigmatización. El ámbito de la justicia transicional ofrece amplios ejemplos de registros centrados en las víctimas y sensibles a las cuestiones de género que han garantizado que las víctimas no quedaran excluidas por carecer de documentación (como un informe médico), por problemas de seguridad, o por tener dificultades para contar su historia debido al silencio social generalizado en torno a determinadas violaciones y a la posibilidad de volver a sufrir traumas.

Las víctimas, los grupos de víctimas y las organizaciones de la sociedad civil deben ser consultados a la hora de diseñar políticas para proporcionar asistencia urgente y programas de reparación. Los programas de reparación, en particular, pueden enfrentarse a muchos dilemas diferentes. Para que estos programas aborden los retos con transparencia y eficacia, es esencial que estas partes interesadas participen en todas las fases de diseño y ejecución, no solo en las consultas puntuales al principio de un proceso.

Aunque todas las personas necesitadas deben recibir asistencia urgente, las reparaciones se conceden a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La asistencia urgente no puede sustituir a un programa de reparaciones. Los daños a largo plazo causados por las violaciones de los derechos humanos también tendrían que ser abordados. Además, existe una importante distinción entre sus objetivos. La reparación incluye el reconocimiento de que se han violado los derechos de un individuo, y las víctimas tienen derecho legal a recibir reparación.

Es esencial que las víctimas de las violaciones más graves reciban reparación^[84]. Esto puede significar incluir solo ciertas categorías de víctimas para simplificar el proceso y acelerar la entrega de las reparaciones. Las reparaciones para un gran número de víctimas no pueden basarse en una evaluación individualizada de los daños y pérdidas, ya que esto haría que el programa fuera demasiado engorroso y costoso. No obstante, las categorías de prestaciones deben tener en cuenta el impacto diferente de las violaciones en los grupos marginados y vulnerables. Las reparaciones también deben estar diseñadas para tener un efecto transformador en la vida de las mujeres, abordando las desigualdades de género y los daños adicionales que las mujeres pueden experimentar en comparación con sus homólogos masculinos.

Lo ideal sería que Rusia reconociera las violaciones cometidas por sus fuerzas armadas y financiara un programa integral de reparaciones; sin embargo, las probabilidades de que lo haga en un futuro próximo son escasas. Si Rusia no cumple su obligación legal, Ucrania debe tomar medidas para ofrecer reparación a las víctimas de violaciones relacionadas con el conflicto^[85]. Hay muy pocos ejemplos de reparaciones aplicadas en, contexto de conflicto internacional, y las que existen no son necesariamente coherentes. Por lo tanto, es necesario explorar y debatir mucho para encontrar la manera de hacer realidad algún día un programa de reparaciones. Algunas partes interesadas han empezado a tener conversaciones sobre las cuestiones jurídicas y políticas pertinentes^[86]. Mientras tanto, hay que dar prioridad a la asistencia urgente.

5. Justicia restaurativa

La experiencia ha demostrado cada vez más que los procedimientos judiciales tradicionales no pueden responder a las violaciones masivas de los derechos humanos y a la violencia persistente, dadas sus limitaciones en términos de recursos, capacidad e independencia descritas anteriormente. Los contextos en los que se han cometido atrocidades requieren un enfoque diferente.

Los procesos de justicia transicional se basan fundamentalmente en los principios de la justicia restaurativa, y se centran en abordar y reparar el daño causado a las personas, las comunidades y la sociedad en general. En otras palabras, un proceso de justicia transicional pretende restablecer las bases de la coexistencia pacífica^[87]. La justicia restaurativa y la justicia transicional están estrecha y fundamentalmente relacionadas. Mientras que la justicia restaurativa surgió como respuesta a las limitaciones de los sistemas de justicia retributiva en la persecución nacional del delito, la justicia transicional se desarrolló en aquellos contextos donde las instituciones convencionales del Estado de Derecho han demostrado ser inadecuadas y/o inapropiadas para abordar las violaciones masivas y graves de los derechos humanos^[88].

Por atroces que sean las violaciones cometidas en Ucrania, procesar a miles de soldados rusos de bajo e incluso medio rango y a ciudadanos ucranianos en los territorios ocupados que colaboraron con los invasores solo para salvarse a sí mismos y a sus familias supondría una escasa reparación para las víctimas. El procesamiento penal debe reservarse a las personas que tuvieron poder de decisión al dirigir a las fuerzas militares para que atacaran a civiles, así como a quienes cometieron otras violaciones relacionadas durante el conflicto. Del mismo modo, debería dirigirse únicamente contra los civiles en posición de poder que apoyaron y permitieron la invasión.

El ICTJ está especialmente preocupado por la enmienda del Código Penal de Ucrania, que ha redefinido y ampliado el delito de “colaboracionismo”^[89]. Al parecer, sobre la base de las nuevas disposiciones, se formularon varios cargos penales contra diversos civiles residentes en territorios ucranianos anteriormente ocupados por tropas rusas. Los procedimientos penales se desarrollaron con gran celeridad y resultaron en duras condenas, incluso en casos que deberían haberse considerado menores o que ni siquiera deberían haber llamado la atención de las autoridades de la Fiscalía^[90]. El uso extensivo de esta legislación constituye un grave peligro para el futuro del país. Acusar a individuos por actos o hechos que no llegan a ser “traición” en una sociedad que lucha por su supervivencia –y donde muchos se han visto obligados a vivir durante largos periodos de tiempo bajo el control y los abusos del enemigo, y algunos han ayudado a soldados rusos por empatía humana, obligación moral o constricción– puede acabar dando credibilidad a las acusaciones de que los nacionalistas ucranianos discriminan a los rusoparlantes y a los rusos étnicos que viven en Ucrania y puede servir para justificar la intervención de la Federación Rusa para “liberarlos”^[91].

En su lugar, Ucrania debería considerar amnistías y procesos diferentes con sanciones poco severas para los numerosos soldados rusos capturados que se encuentran bajo custodia. Aunque su detención continuada pueda estar justificada por razones de seguridad, se les debe dar la oportunidad de reconocer sus crímenes, confrontarse con las víctimas, entender la magnitud del daño que causaron, contribuir a una narrativa de la guerra basada en hechos innegables y ofrecer reparación a las víctimas.

Además de ayudar a ofrecer reparación a las víctimas, un proceso de justicia restaurativa sería fundamental para erosionar la omnipresente propaganda del Kremlin. Los procesos que incluyen las experiencias de los soldados rusos, las recogen de forma segura y las presentan de manera neutral tienen más posibilidades de cuestionar la postura y los argumentos del gobierno ruso, sobre todo porque son los únicos que se permiten actualmente en la Federación Rusa.

Las amnistías siempre han formado parte de las negociaciones de paz. Desde un punto de vista jurídico, el uso de esta herramienta para ayudar a poner fin a un conflicto es sencillo^[92]. Sin embargo, se plantean enormes retos sociales y políticos que deben comprenderse y abordarse. Cualquier proceso de amnistía debe diseñarse con claridad y transparencia, haciendo hincapié en las víctimas y en la defensa de sus derechos^[93]. Experiencias recientes proporcionan una percepción sobre cómo diseñar un sistema de rendición de cuentas que incluya tanto procedimientos penales como alternativos. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia incluye componentes de justicia retributiva y restaurativa. Este sistema puede ofrecer opciones e indulgencia a los autores en función de su nivel de cooperación y contribución al proceso general de verdad, reconocimiento y reparación^[94].

Conclusión

La comunidad internacional respondió rápidamente al conflicto de Ucrania con diversas acciones, entre ellas numerosas iniciativas de investigación. La responsabilidad penal debe perseguirse, pero requiere ciertas condiciones previas. Una presión excesiva para enjuiciar tiene sus riesgos. Ucrania no está en condiciones de llevar a cabo juicios justos, y el énfasis de la comunidad internacional en estos esfuerzos no ayuda necesariamente a proporcionar lo que las víctimas más necesitan en esta fase. Los procedimientos penales absorben una gran cantidad de recursos financieros y humanos, que podrían destinarse a abordar la situación urgente en la que se encuentran las víctimas.

A medida que se debaten y preparan los planes de reconstrucción, es imperativo que no se centren únicamente en la infraestructura. Su diseño debe incluir servicios y asistencia a los civiles que han sufrido el peso de las consecuencias del conflicto.

Aunque la justicia transicional no suele aplicarse en contextos de conflicto armado internacional, puede aportar lecciones sobre cómo ayudar a la sociedad ucraniana a recuperarse de la guerra. Las iniciativas anteriores de búsqueda de la verdad, asistencia a las víctimas y reparación ofrecen ideas sobre cómo utilizar la documentación para ayudar a crear una narrativa inclusiva del conflicto y abordar los daños sufridos. Los modelos de justicia restaurativa demuestran cómo las amnistías pueden combinarse exigiéndole al autor que contribuya con el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la reparación. Los esfuerzos internacionales y nacionales para abordar las violaciones de derechos humanos y reconstruir el país deben tratar de consolidar una sociedad democrática, pluralista e inclusiva. De lo contrario, Ucrania corre el riesgo de acabar perdiendo la guerra, independientemente de sus logros militares.

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Marnay-Baszanger, Chloe, Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, “Responsabilidad”, presentación en evento paralelo a la Asamblea General de la onu, “Protection and Justice for Victims of Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine”, Nueva York, 23 de septiembre de 2022.

Mykytenko, Anna, presentación sobre estrategia de enjuiciamiento en evento paralelo “Ukraine: Justice in Times of War” organizado por Fondation Hirondelle en la 21° Asamblea de los Estados Parte al Estatuto de Roma, La Haya, Países Bajos, 5 al 10 de diciembre de 2022.

Salii, Iryna, presentación en evento paralelo “Ukraine: Justice in Times of War” organizado por Fondation Hirondelle en la vigésima primera sesión de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, 5 a 10 de diciembre de 2022.

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Blogs académicos

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Trahan, Jennifer, “Why Hybrid Ukrainian Tribunal on Crime of Aggression is Not the Answer”, Just Security, 14 de marzo de 2022, en https://www.justsecurity.org/85019/why-hybrid-ukrainian-tribunal-on-crime-of-aggression-is-not-the-answer/, fecha de consulta: 26 de octubre de 2023.

Vasiliev, Sergey, “The Future of Justice for Ukraine IS Domestic”, JusticeInfo.net, 29 demarzo de 2022, en https://www.justiceinfo.net/en/89434-future-justice-for-ukraine-domes-tic.html#:~:text=Europe%20and%20beyond,The%20prosecution%20services%20in%20at%20least%20eleven%20other%20European%20states,te%20%20principle%20of%20universal%20jurisdiction