El reto
En junio de 2021, desde la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital se realizó el Reto: La seguridad del periodista durante el cubrimiento de movimientos sociales con el objetivo de que en grupos de 2 a 5 personas se le diera respuesta a la pregunta ¿Cómo aumentar la seguridad del periodista durante el cubrimiento de manifestaciones sociales para que pueda ejercer libremente su actividad informativa? La iniciativa contó con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP y la Casa Editorial El Tiempo y la Universidad Autónoma de Nuevo León de México.
En total participaron 29 personas organizadas en 10 equipos procedentes de países como España, Alemania, México, Ecuador y Colombia. "Este reto se planteó porque la maestría en periodismo y comunicación digital promueve el aprendizaje experiencial y la relevancia práctica como forma de generar nuevo conocimiento vinculado las problemáticas del campo profesional con la resolución de problemas locales, nacionales e internacionales. Esta es la mejor forma de teorizar desde la praxis incidiendo sobre el entorno y los problemas del periodismo y la sociedad", aseguró Augusto Ventín, director del programa.
La propuesta ganadora fue planteada por Tania Olarte Ávila y Tabita Amaya Cano, graduadas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana: "Junto con mi compañera planteamos la creación de Reportaje Seguro, una aplicación digital dirigida a dos segmentos de clientes: reporteros en Latinoamérica que cubran manifestaciones sociales y personas de la comunidad que participen en movilizaciones y quieran garantizar la seguridad de los comunicadores durante el ejercicio de su labor", aseguró Amaya. Cada una de las ganadoras se llevó una beca del 100% en el Diplomado en Gestión, emprendimiento e innovación en medios de comunicación digitales de la Universidad de La Sabana.
La propuesta de valor de Reportaje Seguro se basa en que la aplicación contaría con una plataforma de monitoreo GPS y guerdado de contenidos en la nube; lo anterior fortalecería la seguridad del periodista y protegería, con apoyo de la comunidad, el ejercicio de cubriimiento periodístico. Adicionalmente, la iniciativa contaría con un botón de emergencia que, sin necesidad de contar con datos móviles, podrá transmitir datos como texto y voz de forma segura para su posterior difusión.
La problemática
En la última década han muerto 937 periodistas, uno cada cuatro días, por el simple hecho de haber ejercido su actividad profesional (RSF, 2020). En 2019, la región donde más asesinatos de produjeron fue Latinoamérica y el Caribe, con el 40% de los casos a nivel mundial, seguido de Asia y el Pacífico con el 26% (Unesco, 2020).
Cuando se piensa en periodistas asesinados, es común asociar esas muertes al cubrimiento de conflictos armados. Sin embargo, desde 2016, el 68% de los periodistas a los que les han arrebatado la vida estaban ejerciendo su profesión en países en paz (RSF, 2020). Porcentaje que se correlaciona con los violentos ataques que ha sufrido la prensa en países como Colombia, Chile, Nicaragua, Argentina, México, Venezuela o El Salvador.
Estos actos violentos se dan en un 51% de los casos durante el ejercicio de su actividad profesional, mientras que el 49% restante se llevaron a cabo en ambientes personales y fuera del contexto laboral (UNESCO, 2020). Los periodistas locales son las principales víctimas, 98% de los casos, frente a los periodistas extranjeros con el 2%, siendo un 96% hombres y 4% mujeres (RSF, 2020). Si bien ellas representan un menor porcentaje ya que sigue siendo una profesión ejercida por más hombres, no están exentas de riesgo. Según la encuesta mundial sobre violencia en línea contra mujeres periodistas (UNESCO, 2020), el 73% de han experimentado algún tipo de violencia, el 25% recibió amenaza física y el 18% amenaza sexual.
Durante los quince primeros días de las manifestaciones sociales que está viviendo actualmente Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado violencia sobre 144 reporteros (Flip, 2021). El Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos (citado por La Vanguardia, 2020), registraron 90 agresiones a periodistas durante las protestas de Chile en 2019. En Nicaragua, según el Instituto Internacional de Prensa (2020), los ataques a la prensa se han incrementado a manos del Gobierno desde el inicio de las protestas sociales en 2018, con más de 2000 agresiones a periodistas (Vidaurre, 2021). Mientras que en Venezuela (Fernández, 2020) se han intensificado las intimidaciones y detenciones por parte del Estado sobre periodistas, registrando 112 violaciones a la libertad de expresión.