El Congreso de la República eliminó el artículo 210 de la Reforma al Sistema General de Regalías, el cual otorgaba incentivos tributarios al fracking en Colombia. Así, se reactivó la clásica discusión entre los ambientalistas y el sector minero energético, específicamente con la extracción de petróleo y la implementación de nuevas metodologías para obtener el crudo. Para Jefferson Galeano Martínez, profesor de educación ambiental, la discusión es muy amplia e involucra a diferentes instituciones y expertos; sin embargo, debe enfocarse en dos componentes: el técnico y el de responsabilidad social.

Componente técnico

A pesar de que el fracking es una metodología utilizada en diferentes países, no hay estudios concluyentes sobre su impacto. En el caso particular de Colombia, no hay ni estudios concluyentes sobre los efectos de extracción de petróleo ni estudios suficientes sobre el estado de nuestros ecosistemas.

Al desconocer, tanto la dinámica de nuestros ecosistemas como los efectos de las nuevas metodologías de extracción de petróleo sobre estos, resulta muy difícil adelantar proyectos para extraer el crudo de una manera realmente sostenible para el medio ambiente. “Realizar proyectos de este tipo, en zonas que se consideren de reserva ecológica o que ofrezcan servicios ecosistémicos para el bienestar de las comunidades, puede resultar arriesgado teniendo en cuenta estos vacíos. Para tomar una decisión de este tipo, es necesario conocer el máximo de variables y de impactos”, agrega el profesor Galeano.

Componente de responsabilidad social

En cuanto a la responsabilidad social, el profesor aclara que “Este componente también es muy complicado, puesto que no tenemos instituciones suficientemente fuertes en las regiones para lograr un buen control sobre las empresas”.

El proceso de educación ambiental en Colombia y en gran parte del mundo es muy limitado; por eso, muchas decisiones de estos profesionales responden más a criterios técnicos desde el enfoque de la ingeniería y no desde la sostenibilidad ambiental.

Otra perspectiva de responsabilidad social que propone Martínez es el compromiso de la ciudadanía. Según el profesor, antes de recurrir a nuevas metodologías de explotación del recurso, es muy conveniente informar a la comunidad afectada. En Colombia es muy difícil, pues en la compleja situación social de comunidades muy pobres predominan los conflictos sociales y políticos, y nuestros niveles de conflicto armado son altos.

Hoy, decir que una u otra metodología no tiene impacto es imposible. Antes de empezar a utilizar cualquier nueva forma de explotación de petróleo, primero debe garantizarse un mínimo de bienestar para las comunidades y de control para las empresas, así como invertir más en investigación científica.