Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado lugar a que instituciones públicas implementen soluciones tecnológicas en sus procedimientos administrativos y logísticos para generar buenas prácticas en su labor cotidiana. Por ello, los organismos electorales de Latinoamérica han visto en las nuevas tecnologías un mecanismo eficiente que permite la automatización de sus padrones electorales, el acto de votación y el escrutinio con diferentes herramientas como la biométrica, las pantallas sensibles al tacto y los softwares incorporados en las máquinas de votación para agilizar el conteo de los votos.

Con frecuencia se estudia la posibilidad de implementar el voto electrónico en una elección polí- tica con la intención de mejorar la eficiencia y la transparencia del proceso. Recientemente, ocurrió un caso de ineficiencia por la falta de tarjetones para una de las consultas electorales en diferentes puestos de votación en el país. Está claro que un procedimiento soportado en el voto electrónico tiene la ventaja de no utilizar este tipo de tarjetones impresos y, en consecuencia, se adapta a cualquier número de votantes.

La incorporación del voto electrónico en Colombia se dio con la promulgación de la Ley 892 de 2004, con el fin de que se estableciera antes del 2009. Evidentemente, dicha obligación no se cumplió. Años más tarde, con el artículo 39 de la Ley 1475 del 2011, se reiteró dicha orden y la disposición exigía su cumplimiento antes de las elecciones para el Congreso del año 2014. Entonces, ¿qué está pasando con el voto electrónico?, ¿por qué no se ha implementado?, ¿es cuestión de voluntad política o económica?

Es preciso subrayar los gastos en los que incurrió el Estado con la realización de las últimas elecciones en el país, toda vez que superaron los $569.000 millones de pesos para el 2014, es decir, $337.000 millones más que lo invertido en el 2010. Para el 2018, el gobierno nacional incrementó el presupuesto de la Registraduría Nacional a $1,9 billones para las elecciones legislativas y presidenciales.

La implementación del voto electrónico puede traer costos adicionales que muy probablemente disminuirán los cálculos sobre ahorros, dado que se supone que tales máquinas y su software pueden costar entre 2.000 usd y 5.000 usd por máquina y se cuenta actualmente con 100.000 mesas de votación, lo cual implicaría costos de más de un billón y medio. Las elecciones en papel siguen siendo más baratas, en total, están entre $350.000 millones y $450.000 millones cada una.

“... los organismos electorales de Latinoamérica han visto en las nuevas tecnologías un mecanismo eficiente que permite la automatización de sus padrones electorales, el acto de votación y el escrutinio...”.

Principalmente, se requiere el funcionamiento armónico de tres tipos de tecnologías para asegurar las votaciones electrónicas: sistemas de información y bases de datos para recoger y analizar los resultados; seguridad informática para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de privacidad; y, por último, pero no menos importante, interacción persona-computador para que las máquinas en los puestos de votación puedan usarse fácil y eficientemente sin importar los conocimientos tecnológicos de los ciudadanos.

Los costos de las futuras elecciones — después de la compra de los equipos— estarían, en promedio, un 19% por encima de los costos actuales —sin urna electrónica—. El valor se incrementaría en un 9% si se adquiere la urna electrónica y en un 21% si se continúa con la votación tradicional, según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Además, se requiere un control de la privacidad en cada puesto de votación de modo que el uso de las máquinas sea individual y secreto; pero es aún más importante contar con estrategias de seguridad informática y de criptografía para que no se pueda revelar la identidad del votante. Hay dos formas: la primera, menos tecnológica, consiste en la validación por parte de los propios jurados de manera que sean ellos quienes autoricen en un puesto de votación el uso de las máquinas a cada ciudadano. La otra forma, más moderna, consiste en utilizar medidas biométricas, es decir, tecnologías para la validación automática de la identidad. Existen múltiples tecnologías desde las más conocidas usadas comúnmente en bancos y entidades, como los equipos lectores de huellas digitales, hasta tecnologías más recientes, como el reconocimiento automático de rostros, patrones de voz y otras medidas y comportamientos.